El pasado 23 de diciembre de 2024, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 9/2024 con la intención de, entre otras cuestiones, extender la moratoria contable que permitía a las sociedades mercantiles no computar determinadas pérdidas a efectos de la causa de disolución por desequilibrio patrimonial. Sin embargo, el Congreso de los Diputados no convalidó esta norma, generando una situación de incertidumbre para muchas empresas.
La normativa española establece que una sociedad debe disolverse cuando su patrimonio neto se reduce por debajo de la mitad del capital social, salvo que se restablezca la equidad patrimonial en un plazo determinado. Durante la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, el legislador aprobó sucesivas moratorias para evitar que empresas viables se vieran forzadas a la liquidación por pérdidas extraordinarias producidas durante los años 2020 y 2021.
Además de las dificultades derivadas de la pandemia, muchas empresas han sufrido importantes pérdidas debido a la reciente DANA. En sectores especialmente afectados, la falta de esta prórroga podría acelerar procesos de disolución que, en otras circunstancias, habrían podido evitarse.
El Real Decreto-ley 9/2024 pretendía prolongar esta excepción hasta el 2026 e incluir en dicha excepción las pérdidas derivadas de los efectos causados por la DANA, pero su no convalidación ha supuesto la reactivación plena de la normativa anterior.
La decisión del Congreso implica que, desde el 1 de enero de 2025, las empresas deben volver a contabilizar todas sus pérdidas a efectos del cálculo del desequilibrio patrimonial.
Muchas empresas que confiaban en una prórroga se encuentran ahora en una situación delicada, sin margen de reacción para evitar la disolución. Esto supone un desafío adicional para los administradores, quienes deben evaluar con urgencia la situación patrimonial de la sociedad y analizar si su patrimonio neto ha quedado por debajo del límite legal para, en su caso, tomar decisiones que minimicen posibles responsabilidades. En caso necesario, pueden plantearse estrategias de recapitalización, como ampliaciones de capital o aportaciones de socios, que permitan restablecer el equilibrio patrimonial. Otra opción a considerar es la reestructuración financiera, mediante operaciones que refuercen la estabilidad económica de la empresa.
Como conclusión, la falta de convalidación del Real Decreto-ley 9/2024 supone el fin de la moratoria contable y la aplicación inmediata del régimen general de disolución por pérdidas. Ante esta situación, las empresas deben actuar con rapidez para evaluar su situación y adoptar las medidas necesarias que eviten riesgos innecesarios. La previsión y el asesoramiento especializado son claves para afrontar este nuevo marco normativo con seguridad y solvencia.
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